Por Sylvia Siqueira
La pandemia de coronavirus ha develado la crisis humanitaria que vivimos desde hace siglos en América Latina. La adopción de medidas sanitarias como “quédate en casa si puedes” para reducir el contagio de covid19, puso el foco en las miles de personas en riesgo por la falta de alimentos y vivienda, la mala infraestructura en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la baja formalidad del empleo y la generación de ingresos, la precariedad de los servicios de salud y de la estructura educativa, además de la violencia cometida contra niñas(os) y mujeres en donde deberían estar protegidas(os). La vacuna contra el covid19 es parte de la solución para volver a la calle, pero nuestra responsabilidad es adoptar medidas que erradiquen las raíces de la desigualdad en las relaciones de género, raza y clase.
Es en este contexto que 40 países se reúnen en la Cumbre del Clima. Siete de ellos son de América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta. Los líderes mundiales y los jefes de Estado deben encontrar soluciones para mantener el límite de calentamiento de la Tierra en 1,5°C. Esta urgencia requiere de objetivos a corto plazo como reducir la quema de combustibles fósiles, erradicar la deforestación, reducir a cero la emisión de gases contaminantes a la atmósfera por parte de industrias y automóviles, no contaminar el suelo y los recursos hídricos. Una tarea difícil para los Estados que operan en un modelo económico que explota a las personas y destruye la naturaleza para generar una riqueza cada vez más acumulada. No en vano, los 2.153 multimillonarios del mundo tienen más riqueza que los 4.600 millones de personas, alrededor del 60% de la población del planeta, como señala el informe de Oxfam “Time to Care – El trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado y el crisis global de desigualdad”, 2020.
Por esta razón, las organizaciones de defensa de derechos humanos y ambientales insisten en que la expresión “nueva normalidad” naturaliza la violencia sistémica que nos ha traído hasta aquí. Nunca debería ser normal que alguien viva en condiciones inhumanas en cualquier parte del mundo. Y en esta perspectiva, es nuestro derecho exigir que la Cumbre del Clima, convocada por Joe Biden (Presidente de los Estados Unidos de América), presente acciones para la promoción de la justicia ambiental, social y económica. Esto se debe a que cambiar el curso actual del cambio climático está directamente relacionado con el modelo de desarrollo de los países y las relaciones financieras transnacionales.
Nosotros, del movimiento Nuestra América Verde, creemos en el poder de la política comprometida con la historia, con todos los seres vivos y el planeta. Como un discurso no llena un plato, ni pone una vacuna en el brazo, presentamos el Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020 – 2030 ya firmado por parlamentarios de países como Brasil, México, Chile, Argentina y Guatemala. Son 14 propuestas construidas con base en datos, evidencia y la cooperación internacional para frenar el cambio climático, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de la vida cotidiana de las personas.
Este momento de la historia no acepta acciones que solamente mitiguen la destrucción y la violencia. Por lo tanto, la Cumbre del Clima y otros eventos de alto impacto en las políticas nacionales para reducir el cambio climático deben considerar: la protección de la Amazonía y todas las áreas de preservación ambiental, la transición acelerada del modelo energético actual a una matriz de energía limpia, la erradicación del déficit habitacional con vivienda sustentable, la implementación de sistemas de transporte eléctrico gratuito, fomento a la movilidad no motorizada y de larga distancia, la adopción de la renta básica como política de seguridad humana para las familias vulnerables, el establecimiento de un impuesto sobre el patrimonio para el 1% más rico, la firma de un acuerdo de paz y cooperación para reducir el gasto militar, la creación de un banco de desarrollo verde para promover las actividades comerciales e industriales, respetando a las personas y al planeta, y compartiendo la riqueza de manera equitativa.
En América Latina, el 10% más rico concentra el 37% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre tiene el 13%, según lo presenta el Mapa de Desigualdad, de la ONG Rede Nossa São Paulo. No podemos volver a lo “normal”. La salida de las crisis (visibles e invisibles) parte de la forma en que nos asentamos en la Tierra, preservamos la naturaleza y cuidamos a todos los seres. Es posible con un cambio fundamental en nuestra mentalidad: salir de las prácticas colonialistas para compartir riquezas y generar el buen vivir. La Cumbre del Clima tiene el deber de plantear temas de cooperación verde del Norte con el Sur y entre países del Sur. Se trata de redefinir las prioridades presupuestarias, tomando la responsabilidad de reparar los daños a lo largo de la historia.
La salida justa y verde no deja espacio para el hambre en la casa de nuestra vecina, porque nos sentimos corresponsables del cambio en la estructura de la sociedad. Por eso es tan importante producir evidencia y tener información segura y accesible, para profundizar la calidad de la gobernabilidad en los estados democráticos. Cuanto más consciente sea nuestra sociedad, mayor será la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestros países por el camino de la justicia. No podemos menos que exigir a los Jefes de Estado una política de cuidado de todos los seres vivos y de las áreas de protección ambiental, adoptando medidas de equidad y reparación histórica con los pueblos originarios y la población afrodescendiente. La urgencia por acciones políticas verdes con justicia social es para anteayer, debemos transformar hoy el modelo de desarrollo económico, social y ambiental, o el mundo nunca será sostenible.
Sylvia Siqueira es directora ejecutiva de Nuestra América Verde.
Esta columna se publicó originalmente en el periódico Le Monde Diplomatique Brasil, el 22 de abril de 2021.