La Asamblea Nacional de El Salvador aprobó la polémica política presentada por su presidente Nayib Bukele, consistente en convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal se realiza en medio de polémicas de corrupción que comienzan a oírse sobre la gestión Bukele y amenazan su positiva imagen. Es en ese contexto donde se implementaría esta riesgosa política, la cual probablemente generará graves consecuencias para El Salvador y que tiene un altísimo impacto ambiental a nivel global.
La novedosa propuesta fue recibida con curiosidad e importantes dosis de escepticismo por parte de la comunidad internacional. Esta medida se enmarca en la particular forma en que el gobierno del Presidente salvadoreño ha conducido los destinos del país centroamericano. Aquejado por problemas crónicos de violencia y pobreza, El Salvador le dio el poder en las recientes elecciones al liderazgo atípico de Bukele, quien ha gobernado mediante un estilo coloquial y alejado de las costumbres políticas tradicionales, lo que le ha dado el apoyo de la población hasta ahora.
Mientras Bukele anunciaba esta medida (de la cual ha hablado casi de forma exclusiva a través de redes sociales y en inglés), le comunicaba al millón y medio de salvadoreños que viven fuera de su país y sus familias que esta propuesta les facilitará la llegada de remesas, ya que se eliminarían los costos de transacción cobradas por el sistema financiero tradicional. Si bien esto es real, los riesgos que conlleva efectuar estas operaciones sin el apoyo estatal que tiene una moneda gestionada por un Estado son gigantescos.
Bitcoin hoy es, principalmente, una herramienta de especulación y apoyo a actividades delictuales, como el ransomware y el lavado de dinero de múltiples actividades ilegales. Sus características le dan a esta criptomoneda un altísimo nivel de inestabilidad, precisamente lo que menos necesitan las personas que dependen de las remesas, a quienes afecta incluso una pequeña baja en el valor de la moneda.
El jefe de Estado salvadoreño ha planteado que esta medida facilitará la inserción financiera de millones de personas, sobre lo cual existen muchas dudas. Cuando más de la mitad de la fuerza laboral es informal, parece al menos dudoso que la implementación del bitcoin como moneda de curso legal apunte a fortalecer la calidad del empleo. Por otra parte, la inclusión al sistema bancario es una política que no puede hacerse privilegiando una aplicación digital, a cargo de la empresa privada Strike, en un país donde menos de la mitad de la población tiene acceso a internet.
Se podrían enumerar muchas más interrogantes sobre la implementación de esta política, sin embargo existe una que merece nuestra atención: el brutal impacto que tiene el uso de bitcoin en las emisiones de gases de efecto invernadero. Minar bitcoins es una actividad muy intensiva en uso de energía, siendo comparable al consumo total de países como Países Bajos o Argentina. Gran parte de esta en forma de electricidad proviene de matrices energéticas con alta presencia de generación a partir de combustibles fósiles. Ese es el caso de las provincias de China, donde se concentra una enorme proporción de las llamadas “granjas de bitcoin”. A pesar de publicitarse como una tecnología que “desmaterializa” el dinero a través de la innovación, esta industria está anclada en el siglo XIX y sus fuentes de energía son contaminantes.
La desconcertante decisión del Estado salvadoreño es un paso que tendrá consecuencias mucho más allá de ser una mera novedad tecnológica. Si esta ley sigue su curso, es posible pronosticar impactos económicos sociales y ambientales muy graves para la población salvadoreña. Asimismo, un análisis más profundo de esta decisión nos permite observar la cercana relación que tienen las temáticas sociales y ambientales.
Recientes estudios demuestran que la baja de productividad en muchos cultivos como consecuencia de la crisis climática es uno de los factores que precariza y obliga a migrar a miles de salvadoreños. La paradoja de ser cómplices de un mecanismo de especulación que causa tanto daño al planeta y a su población vulnerable, demuestra que los gobiernos de la región no saben cómo considerar el carácter multidimensional de las consecuencias de sus políticas, en particular desde una mirada socioecológica.
Mientras no seamos capaces de realizar ese salto, la mayoría de los habitantes de América Latina seguirán padeciendo de la injusticia, la pobreza y la violencia. El problema es que, esta vez, la crisis climática puede hacernos imposible enmendar los errores cometidos en el pasado.
Pedro Glatz
Licenciado en Historia, ex vicepresidente de la FEUC. Coordinador de contenidos de Nuestra América Verde